La nueva Constitución es la oportunidad de instalar una ética del buen vivir, haciendo de Chile un país mejor

En el plebiscito de entrada al proceso constituyente, y por amplia mayoría, acordamos sustituir la Constitución vigente. En un nuevo referéndum, deberemos decidir ahora la ratificación de un texto constitucional acordado previamente por más de dos tercios de las y los convencionales, con la intención expresa de generar igualdad sustantiva y democracia plena en nuestro país.

Hace 42 años, en una votación fraudulenta, sin registros electorales y sin posibilidad de hacer campaña en contra, mientras el país era gobernado por una dictadura militar, fue aprobada la Constitución de 1980. La Constitución del 80 fue el diseño de país que el dictador y la junta militar de gobierno encargaron a Jaime Guzmán. Y fue el propio Guzmán quién especificó el sentido de ese diseño, afirmando “que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. Es decir, se trató de un diseño institucional construido para proyectar en democracia el ordenamiento político, económico y social establecido por la dictadura. Una carta fundamental pensada para impedir que las mayorías populares adoptaran las grandes decisiones políticas si no contaban con la venia del pinochetismo y los poderes fácticos (económico y militar).

La sustitución de la Constitución del 80 por una Constitución plenamente democrática terminará con un largo ciclo político en el que una minoría conservadora ha estado facultada por la Constitución para vetar cualquier transformación significativa. La Constitución del 80 ha impuesto un orden económico y político inexpugnable que entrega el control del país al capital transnacional, en alianza con los grandes grupos económicos locales. Es lo que llamamos el orden neoliberal. Esto ha llevado a que, por sobre todas las cosas, e independientemente de las reformas que le fueron realizadas, la del 80 sea percibida por el pueblo como la Constitución de los abusos, de la exclusión y de la discriminación.

La rebelión de octubre de 2019, en dónde el pueblo de Chile salió a la calle en todas las grandes ciudades para exigir transformaciones radicales en la situación política y económica, constituye la última de las muchas olas masivas de protesta que la democracia postdictatorial enfrentó desde las movilizaciones pingüinas de 2006, pasando por las protestas por una educación gratuita y de calidad, las movilizaciones medioambientales, el movimiento feminista y las marchas por los derechos de las mujeres, el movimiento LGTBIQ+, las marchas del movimiento No+AFP, las protestas de los pueblos indígenas, las marchas por la situación de la salud, etc. En olas sucesivas de protesta, el pueblo de Chile fue integrando sus distintas demandas en un amplio movimiento por la dignidad, el que derivó en la exigencia de un cambio radical de las reglas del juego con la correspondiente sustitución constitucional.

El cambio en las reglas que la ciudadanía exige va desde la regulación político democrática del mercado, para evitar los abusos de los grandes capitales y promover una reducción significativa de la desigualdad, hasta el término del orden patriarcal y la cultura machista, pasando por una efectiva democratización del sistema político que termine con su elitización y parlamentarización y otorgue a la ciudadanía el poder de decisión sobre la vida común. En otras palabras, se trata de redistribuir el poder a través de las instituciones políticas, igualando la capacidad de decisión de las personas, las comunidades, las regiones y las naciones, y evitando cualquier forma de discriminación, ya sea en referencia al género, la etnia, la orientación sexual, el patrimonio, la educación, la residencia, el estilo de vida o la opinión política.

La respuesta de la Convención Constitucional a las demandas populares ha sido la creación de un texto constitucional que pone en el centro los derechos humanos, en sus distintas manifestaciones. Es por eso que la nueva Constitución habla de un Estado social y democrático de derecho que garantiza a la población el acceso a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales, tanto en su existencia individual como colectiva y prohibiendo expresamente cualquier forma de discriminación o exclusión en el reconocimiento de los mismos. Esta situación es complementada con la declaración de un Estado plurinacional y regional, que entrega poder de autodeterminación a las primeras naciones y a las regiones del país. La propuesta constitucional termina de este modo con el Estado subsidiario instalado por la Constitución del 80 -cuyos efectos han sido largamente estudiados en nuestro quehacer como disciplina- con el ordenamiento neoliberal de las relaciones políticas y económicas que le está asociado y el centralismo en la organización del gobierno y las decisiones políticas. Pero además genera las condiciones para terminar con la cultura autoritaria, racista, colonialista, machista, clasista y elitista que estuvo presente en nuestro país desde su origen.

Consideramos que la nueva Constitución garantiza la unidad del Estado y el país a través del reconocimiento de su diversidad nacional y cultural, protegiendo las organizaciones locales y la pluralidad comunitaria e identitaria por medio de la igualdad sustantiva, la solidaridad y el reconocimiento recíproco. El pluralismo ético, estético y epistémico que la propuesta constitucional instaura se ve complementado por una ética mínima instalada en las instituciones y organizada a partir del respeto por los derechos humanos.

La Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria manifiesta su satisfacción con la propuesta constitucional y su interés en perfeccionarla a través de su implementación legal una vez que sea aprobada. Nos parece que la nueva Constitución nos ofrece la oportunidad de instalar en Chile una ética del buen vivir que mejore notablemente las condiciones de vida de la población, en lo psicológico, en lo social, en lo económico, en lo político y en lo medioambiental, rescatando la memoria colectiva de las comunidades en un proceso de reinterpretación de la historia compartida. La psicología comunitaria ha insistido siempre en que la salud mental está determinada por un conjunto de variables sociales, económicas y políticas, razón por la cual nuestra disciplina no patologiza el malestar subjetivo y entiende que su trabajo está al servicio de los pueblos de los que forma parte. Hay problemas de salud mental que no pueden ser solucionados con psicoterapia ni acción comunitaria exclusivamente, por eso es tan importante que el Estado garantice aquellos derechos que son necesarios para la construcción conjunta de la salud mental colectiva.

Llamamos a todos los pueblos de Chile a movilizarse por la aprobación del nuevo texto constitucional en el plebiscito de salida. Sabemos que en esta tarea nadie nos regalará nada. Sólo nosotros podemos asumir el poder constituyente que nos permitirá cambiar nuestras condiciones de vida, haciendo de Chile un país mejor.