Como Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, queremos expresar nuestro dolor y nuestro enérgico rechazo por la muerte de Francisco Martínez Romero, joven artista callejero asesinado por Carabineros de Chile en un procedimiento de control de identidad. Esta situación no resiste ningún análisis, tanto en su justificación como en la desproporción de los medios empleados ante la supuesta amenaza que representaba un malabarista premunido de “armas blancas” confeccionadas con latón de librería.
Francisco, si bien no era originario de Panguipulli, formaba parte del paisaje urbano de su comunidad como malabarista y artesano. Buscaba vivir y obtener sus medios de subsistencia en las calles de este pueblo turístico. A partir de la información que ha ido apareciendo, nos hemos enterado de que se encontraba en situación de calle y que había sido usuario de programas municipales debido a su vulnerabilidad. Han aparecido testimonios de vecinas y vecinos que lo identificaban y trataban con él, y ninguno entregó algún elemento que permitiese señalarlo como una amenaza a la seguridad pública.
Estos elementos agravan aún más la brutalidad y desproporción del accionar de Carabineros. No sólo del comportamiento puntual del suboficial que disparó cinco veces a un joven armado con sables de utilería, sino también de una institución completa que justifica la respuesta policial con el absurdo argumento de la legítima defensa. Nos preguntamos seriamente si este desprecio por la vida humana se habría manifestado de igual manera en procedimientos donde estuviesen implicados jóvenes que no sean pobres ni estén en alguna situación de vulnerabilidad. Es doloroso comprobar -una vez más- un sesgo clasista en la actuación de Carabineros, que acompaña otros sesgos de los cuales ha hecho gala en su casi centenaria historia institucional, como el racismo, la xenofobia, el machismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, y la persecución de la disidencia ideológica y, en este caso, la efebifobia -o fobia a los jóvenes- a quienes ha perseguido sistemáticamente, dentro y fuera de la ley, en especial si éstos forman parte de los sectores más vulnerables de nuestra población.
Deploramos también el extravío moral de las autoridades tanto del nivel regional como nacional, que anteponen nerviosamente la urgencia de restablecer el orden y la seguridad pública, a la tragedia de sacrificar una vida de manera tan cruel. La vida de un joven popular, modesto, en situación precarizada, cultor de artes para las cuales el único escenario permitido es la dureza de la calle.
La irracionalidad de lo ocurrido después -el incendio de múltiples dependencias públicas, comenzando por la Municipalidad- se entiende desde el atropello cometido y la profunda sensación de impotencia ante la impunidad y el desprecio por la vida con que operan la autoridad política y su brazo policial. Cada vez más se hace más urgente la reforma policial, ante la larga cadena de violencias ejercidas por sus funcionarios no sólo desde el 18 de octubre de 2019, sino desde su misma fundación; pero nos preguntamos legítimamente si nuestra clase política, refugiada en su priorización por el orden público, está a la altura de esa tarea tan importante.
Como Sociedad, exigimos que se haga justicia con este crimen terrible, y -a pesar de nuestro escepticismo- que se dé prioridad a la reorganización de Carabineros de Chile, y en general de sus estamentos armados, para convertirlos de una vez por todas en instituciones que se sometan al marco normativo de los Derechos Humanos y que han sido ratificados por nuestro país. Finalmente, hacemos llegar nuestra solidaridad y condolencias a la familia y a las amigas y amigos de Francisco, así como a las vecinas y vecinos de Panguipulli que presenciaron, a plena luz del día, cómo Carabineros de Chile les arrancó la vida de un miembro de su comunidad.