Como Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a la ocupación militar y policial del Wallmapu a través de la figura del Estado de Excepción Constitucional. La justificación entregada por el gobierno de Sebastian Piñera para esta iniciativa, ha sido la necesidad de enfrentar la violencia narcoterrorista presente en el territorio, indicando expresamente que en “ningún caso sería en contra de un pueblo o de un grupo de ciudadanos” y apelando al restablecimiento de la paz, el orden público y la restitución del Estado de Derecho en la zona.
Debemos señalar que la implementación de la estrategia que el gobierno instaló el 12 de Octubre en el Wallmapu, responde a un interés político empresarial, que ha implicado el acoso militar y policial, por cielo, mar y tierra, hacia las y los habitantes de ese territorio. Las fiscalizaciones arbitrarias a quienes se trasladan por los caminos y rutas de acceso, los ingresos y allanamientos en las comunidades -con prácticas de maltrato y tortura directa a sus habitantes, incluidos las y los menores de edad-, las detenciones arbitrarias y los montajes, han formado parte de las prácticas policiales -y ahora también militares- en el Wallmapu, perpetuando así el daño sistémico transgeneracional que las políticas racistas y neocoloniales del Estado chileno han desarrollado en esa zona desde hace muchos años. El fallecimiento del comunero Jordan Llempi Machacán, así como la existencia de cuatro personas heridas por disparos de las FFAA, son la última expresión de esta forma de violencia institucionalizada, que se agrava considerablemente a través de la implementación del Estado de Excepción Constitucional. Ya es bastante débil la protección de los DDHH de los pueblos indígenas en la actual Constitución como para decidir, además, su interrupción a través de medidas excepcionales.
Queremos emplazar la responsabilidad política y penal del Presidente de la República y del Ministro del interior frente al atropello de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, vulnerando aquellos contemplados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Convención Americana de DDHH, en la Convención de los Derechos del Niño, en los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas y en el Convenio 169 de la OIT, poniendo en riesgo el Estado de Derecho y haciendo oídos sordos a la voz de los y las constituyentes pertenecientes a los Escaños Reservados. Estas acciones, más que traer paz a la zona, han conducido al aumento sistemático de la violencia, siendo obligación del Estado garantizar a todas las personas el derecho a la vida, la integridad física y mental, la seguridad y la libertad de movimiento y expresión.
En su artículo 30, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (todavía no firmada por Chile), establece que: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”. Queremos manifestar nuestro apoyo a todos los Pueblos Originarios en resistencia, a su lucha justa en defensa de la vida y la libertad, de la autonomía territorial y la recuperación de la paz en sus territorios. También expresamos nuestro apoyo a las autoridades indígenas de la Convención Constituyente, quienes han solicitado bajo el principio de autodeterminación de los pueblos, la salida de las fuerzas policiales del Wallmapu.
Como psicólogos y psicólogas comunitarios(as) nos parece alarmante el efecto en la salud mental de las personas que viven estas violencias. Especialmente de los niños, niñas y adolescentes (NNA), que son víctimas directas e indirectas del trauma colectivo experimentado por la población afectada.
Consideramos que el conflicto sociopolítico en el Wallmapu debe ser abordado de manera integral, en el marco de las normativas jurídicas y los tratados internacionales suscritos por el país, empleando las orientaciones y lineamientos técnicos que incorporen los enfoques de DDHH, género, interculturalidad, memoria, verdad, justicia, reparación y bases para la no repetición. Debe existir una separación clara entre las acciones penales y prácticas policiales empleadas para abordar problemas delictuales y la represión del derecho a manifestarse de los pueblos originarios, evitando así la violencia injustificada. De este modo, es posible evitar que se produzcan asesinatos y/o tratos crueles y degradantes por parte de las FFAA y de orden a quienes viven en el territorio.
El Estado de Chile mantiene una deuda histórica con los pueblos originarios, lo que hace urgente el desarrollo de un diálogo plurinacional, así como la generación e implementación de políticas de prevención de las violencias neocoloniales, de no discriminación, de buena gobernanza y buena fe. Así como también es importante la necesidad de orientar el accionar estatal hacia la reparación del daño causado y el establecimiento de garantías de no repetición.
Mediante el presente comunicado, solicitamos a todas las Organizaciones y Sociedades de Psicología Comunitaria a nivel nacional e internacional, difundir esta información y que se pronuncien en apoyo a los Pueblos Originarios del Wallmapu en Chile y la legítima defensa de sus derechos.
Foto: plrchile.com